El verdadero problema fiscal

Claudio Soto

La semana pasada, ante la presión parlamentaria por subir el monto contemplado en el proyecto de ley sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, el Ejecutivo señaló que la política fiscal estaba "al límite". Previamente, la Dipres había actualizado sus proyecciones de mediano plazo y aventuró que durante los próximos dos años las holguras fiscales serían negativas. Esto quiere decir que los gastos ya comprometidos para 2021 y 2022 superan aquellos compatibles con la meta fiscal anunciada recién en enero pasado.

Por otro lado, al comparar el tamaño de los anuncios fiscales con los de otros gobiernos, incluyendo países emergentes como el nuestro, lo desplegado no alcanza las magnitudes de esas naciones. Varias medidas son postergaciones de ingresos que debiesen integrarse a las arcas fiscales el próximo año y una fracción relevante de los mayores gastos se financiará con reasignaciones presupuestarias. De hecho, las propias medidas de confinamiento hacen inviable una serie de desembolsos públicos, principalmente en infraestructura.

Por el lado de los ingresos, sólo la reducción transitoria del impuesto de Timbres y Estampillas constituye una merma a la recaudación que no se recupera en el tiempo y que equivale a aproximadamente 0,2% del PIB. Por su parte, el mayor gasto neto -descontadas las reasignaciones- es de aproximadamente 0,5% del PIB. Un monto significativo, pero menor al comprometido en otras latitudes.

Así las cosas, ¿por qué el panorama fiscal se ve estrecho? Varias razones confluyen en este diagnóstico. Por una parte, más allá de las medidas de estímulo, el propio deterioro del escenario macro mermará de manera considerable los ingresos fiscales (en torno a 1,3% del PIB de acuerdo con las últimas estimaciones de la Dipres). Por otro lado, el mayor esfuerzo fiscal para enfrentar el Covid-19 se agrega al despliegue que hizo el Gobierno tras la crisis social. Ya en ese momento se había comprometido un incremento relevante del gasto para este año. Por último, está la "nueva normalidad" de nuestras finanzas públicas, a la que habrá que irse adecuando paulatinamente. El país ha dejado de ser un acreedor neto y es muy difícil que lo vuelva a ser, por lo que deberemos acostumbrarnos a vivir con niveles de deuda más elevados.

Dado lo anterior, ¿hay espacio para un mayor esfuerzo fiscal? Es probable que en el corto plazo haya capacidad de financiar un mayor gasto a un costo razonable. En un contexto de tasas bajas, como el que enfrentamos en la actualidad, la carga financiera de la mayor deuda no debiese ser un gran problema. Sin ir más lejos, la emisión de deuda pública de la semana pasada demostró que los mercados mantienen apetito por Chile.

El problema es el mediano plazo. La historia nos dice que cuando hay un aumento "transitorio" del déficit, diversos elementos se confabulan para que su reversión se posponga. Por lo tanto, la capacidad de expandir el gasto en el corto plazo depende en gran medida de la posibilidad de efectuar una consolidación fiscal a futuro. Si hubiese un compromiso claro, plasmado a través de un acuerdo político amplio y creíble, de que una vez superada la emergencia habrá un esfuerzo de fiscal, entonces podría haber espacio para nuevos gastos.

La regla fiscal es una herramienta muy útil para construir tal compromiso. Lamentablemente, después de cambios sucesivos en sus parámetros y modificaciones en las metas, es probable que se requiera de un nuevo arreglo institucional para orientar la política fiscal a mediano plazo. Urge construirlo.